Este acuerdo histórico crea cambios significativos para las prácticas de “Salida Voluntaria” de ICE y la Patrulla Fronteriza, para el Sur de California. Los oficiales federales de migración de esta región deben tratar de manera justa a los detenidos y deben establecer ciertas medidas al proceso para proteger sus derechos.
Las personas que “aceptan” la salida voluntaria, regularmente son deportados a México en cuestión de horas, aunque puedan ser elegibles para algún remedio migratorio que les permita permanecer en los EUA legalmente. Por ejemplo, los nueve demandantes de López-Venegas, tenían fuertes reclamos para permanecer en el país con sus familias sino hubieran sido presionados para aceptar la salida voluntaria. Por esto, es extremadamente importante que los migrantes se rehúsen a firmar la salida voluntaria, hasta que hayan considerado las consecuencias y demás opciones legales.
Acuerdo histórico derivado de una demanda colectiva de la ACLU pone fin a práctica injusta de migración
El acuerdo también establece reformas cruciales de aplicacióN
Reformas Clave del Acuerdo
Las agencias de migración están obligadas a hacer cambios concretos a su forma de aplicar la salida voluntaria a partir de agosto de 2014. Como resultado del acuerdo, tanto ICE como la Patrulla Fronteriza deben:
-
Abstenerse totalmente de presionar o forzar a los migrantes para aceptar salida voluntaria.
-
Proporcionar a cada migrante información detallada – por escrito y oralmente- sobre lo que significa elegir la salida voluntaria.
-
Contar con una línea 1-800 que explique sus derechos y las consecuencias de aceptar una salida voluntaria.
-
Abstenerse totalmente de pre-seleccionar la casilla de salida voluntaria en los formatos utilizados para implementar la salida voluntaria.
-
Permitir a cada migrante:
-
el uso del teléfono
-
proporcionarles una lista de servicios legales disponibles y
-
otorgar al menos dos horas para que contacten a alguien antes de decidir si tomar la salida voluntaria o no.
-
-
Permitir a los abogados, el acceso a los clientes detenidos por ICE o Patrulla Fronteriza.
Los abogados de ACLU van a monitorear por tres años el cumplimiento que ICE y Patrulla Fronteriza den a este acuerdo para asegurar que los cambios se pongan en práctica.